Lecturas que deben imprimir para realizar el taller sobre los Procesos socio-políticos y socio-culturales. Su influencia en el Desarrollo Social. (días 10 y 11 del 11/15)

Luis Villalobos García
Humberto Ponce Talancón

Introducción

Una de las funciones del Estado es asegurar en un contexto de igualdad y justicia social, el bienestar socioeconómico de la población a que gobierna, para esto, define e instrumenta un modelo de desarrollo el cual es reflejo de la postura política del grupo gobernante en turno. La revisión y análisis de los datos históricos generados por los ejercicios de administraciones anteriores son contundentes al mostrar resultados que no han sido óptimos y que actualmente la sociedad mexicana enfrenta una cada vez mayor polarización del ingreso, problemas de descomposición social, crecientes demandas sociales de servicios educativos, de salud, de vivienda, de seguridad pública, entre otros, por lo que es necesario revisar el modelo de desarrollo nacional así como el funcionamiento de las instituciones responsables de su instrumentación, a fin de proponer los mecanismos de mejora.

Los estudios e investigaciones acerca del desarrollo, se han centrado en analizar y determinar cuál es el factor que determina el crecimiento y posterior desarrollo económico revisando el impacto de factores como la acumulación y la formación de capital, el entono sociopolítico desagregado en el ambiente democrático, el estado de derecho y la participación ciudadana, el grado de apertura al comercio exterior, la productividad, la absorción, disposición y difusión tecnológica, el capital humano y social, entre otros elementos.

II. LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DEL DESARROLLO

La necesidad de una estrategia de desarrollo integral

La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y estable, pero este no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas desfavorables, como ha sido el caso de los países latinoamericanos y especialmente México en las últimas décadas. En este contexto, si bien la política social cumple un papel fundamental, no es capaz por si sola de corregir tendencias adversas generadas desde el ámbito económico: los objetivos sociales no se pueden lograr si la agenda de desarrollo no los coloca en el centro de la política económica.

Así mismo, la búsqueda de un mayor bienestar para todos la población no debe excluir a las futuras generaciones y requiere, por tanto, que el desarrollo sea sostenible desde el punto de vista ambiental, por lo que la equidad debe considerarse en su doble aspecto: intrageneracional e intergeneracional.

Es necesario que los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, constituyan el marco ético para la formulación de las políticas públicas del desarrollo. Estas políticas puede considerarse como la visión integral del desarrollo, la cual va más allá de la complementariedad de las políticas sociales, económicas y ambientales y el ordenamiento democrático, entre capital humano y social, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía: debe interpretarse como el sentido mismo del desarrollo.

Vinculación entre desarrollo y educación

Existe un acuerdo generalizado en considerar que cuando se cuenta con la estructura social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades sociales, endémicas en los países latinoamericanos. De esta manera la política educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico y social cuando forma parte de una política general de desarrollo y cuando ambas son puestas en práctica en un contexto nacional propicio.

Para que la educación pueda funcionar como la palanca del desarrollo, es necesario vincularla a las demás políticas de desarrollo. Basándose en el análisis de las necesidades de un país, es posible definir las estrategias sobre el desarrollo socioeconómico que se desea impulsar, y de esta manera definir la política educativa que será el sustento de todo el proceso.

Uno de los aspectos del desarrollo humano es su praxis, es decir, se parte del proceso de aprendizaje para llegar a la instrumentación y aplicación de lo aprendido.

Desde un punto de vista agregado, implica la puesta en operación del cúmulo de conocimientos y experiencias desarrolladas por el país, su capacidad intelectual y de trabajo, por lo que la educación puede ser la solución para planificar y obtener un nuevo tipo de desarrollo, que este basado en el análisis del papel y función del ser humano en la naturaleza.

La pertinencia de la educación en el desarrollo integral

Si se parte de una consideración integral y sistémica del desarrollo, la educación se convierte en el eje vertebrador de cualquier política de desarrollo. La educación es el mejor mecanismo para formar y capacitar a cada persona en la comprensión y se actuación en una sociedad altamente dinámica y en permanente transformación como lo es la actual, para prepararlo para los cambios de las relaciones mundiales en todos los aspectos y que sean capaces de ajustarse a estos ritmos de cambio.

La democracia ha centrado su ideología en los valores de la libertad y de la igualdad, pero en cierta medida estos valores pueden ser contradictorios entre si: por su propia naturaleza la libertad es diferenciadora en tanto que son distintos los intereses, capacidades, necesidades, circunstancias, antecedentes y perspectivas, de cada personas y de los pueblos en su conjunto, en este sentido, la igualdad asume que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones.

La educación es el mecanismo que permite a cada persona ser sensible respecto a las necesidades de los otros y poder transitar hacia una sociedad que tenga como principal valor la solidaridad, que enriquezca las visiones de libertad e igualdad democráticas. Es un elemento que propicia la participación activa de los ciudadanos en la sociedad y la integración de los excluidos de los beneficios del desarrollo. La educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en la vida social, económica, cultural y política de la sociedad, por lo que es necesario en el proceso de diseño de políticas públicas, generar los escenarios de justicia social, en este sentido, valores como la equidad y la solidaridad vienen a ajustar los procesos de desigualdad y exclusión.

En los entornos internacionales a principios de los noventas se dio la transformación de las economías de Estado hacia economías de mercado, el reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial, el surgimiento de la globalización, el resurgimiento de nacionalismos excluyentes, de conflictos étnicos marcados por la xenofobia y la intolerancia, de fundamentalismos religiosos, y se ha presentado un profundo proceso de exclusión a nivel mundial; todos estos problemas sociales están enmarcados en la deforestación y las problemáticas ecológicas. El papel de la educación ante estos problemas, es el generar el instrumental analítico y propositivo de resolución, a partir de la comprensión de estos problemas.

Para insertarse exitosamente en las sociedades actuales, es necesario contar con capacidades y actitudes específicas que abarcan desde los dominios informáticos y las destrezas para desempeñar satisfactoriamente un trabajo específico, hasta las capacidades de espíritu crítico, la preparación para asimilar y en ciertos casos defenderse de los mensajes de los medios de comunicación y para el trabajo en equipo. Un problema generalizado en nuestros países es la exclusión, generada en gran medida por esta falta de dominios para poder apropiarse, entender e insertarse en las condiciones sociales que imperan. El papel de la educación por lo tanto también es capacitar a la población para poder acceder al conjunto de conocimientos y destrezas necesarios no sólo para su integración en la sociedad productiva, sino también para participar en la vida pública. Es lograr a través de la educación actitudes como la responsabilidad, la autoestima, el respeto hacia los demás, actitudes decisivas para una inclinación favorable hacia el desarrollo.

Si las razones de la viabilidad económica de la educación no son suficientes, debe recordarse que es una obligación del Estado y de los jefes de familia para garantizar el acceso a los niveles mínimos de educación. El incumplimiento de esta obligación –así como de las otras funciones sociales del gobierno– es injustificable, antes bien la administración de la educación pública debe promover una educación para toda la vida, ya que ninguna nación puede aspirar a la competitividad sin aprovechar el potencial de su capital humano.

Cultura y Desarrollo Social.

….En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de su importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas.

Los sectores políticos están comenzando a percibir y reconocer que la cultura juega un papel mucho más importante de lo que suponían y constatado que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las reformas sociales, tienen muchas más posibilidades de avanzar con éxito se si simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad.

Se realza además de forma especial la contribución de la cultura como factor de cohesión ante los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social. Esta tendencia se percibe particularmente, en la dimensión que las mismas representan en el plano de los intercambios de bienes y servicios culturales entre las economías de las naciones.

Un recorrido por el escenario histórico mundial de la cooperación cultural al desarrollo confirma los pasos dados por los organismos internacionales para incorporar la dimensión de la cultura en las acciones de desarrollo.

La UNESCO tiene un papel relevante en esta materia y promueve desde su creación la perspectiva multilateral de la cultura, basada en acciones orientadas, en los inicios a recuperar y posteriormente a proteger el patrimonio cultural material e inmaterial devastado por las guerras del Siglo XX.

A partir de entonces, su ámbito de acción ha ido evolucionando e incorporando paulatinamente el estudio de los factores, parámetros e impacto cultural del desarrollo a escala internacional

Definiciones: Políticas Públicas.

María de Lourdes Flores Alonso y Edith Barrera Chavira

 Política Pública

1. “Política pública implica, de suyo, una reiteración, si atendemos al significado del vocablo. Política es una tópica que se constituye en el plano de la esfera pública (polis), de las relaciones entre los sujetos (koyné), y los acuerdos y negociaciones establecidas por ellos en relación con los intereses de representación social: esto es, si no perdemos de vista que política es negociación, sin confundir el acto o proceso con la especificidad de un acuerdo comercial. La acepción política pública despliega un cúmulo de inferencias contenidas en la dialéctica esfera pública-esfera privada (oikos). El discurso privado, como contenedor de la expresión del deseo del sujeto en su autoposición (idia), no alcanza la cobertura de la representación del bien común, de la otredad, fuera del alcance de la autocomprensión del yo en su mismidad.

 De ello, la estructura lingüística concatenada de política pública deviene una reiteración. La política como hacer común (praxis) no es privada. Lo privado se autocomplace en la satisfacción y apropiación de lo suyo por parte del sujeto, como elección personal (interés privado), con relativa autonomía e independencia respecto del parecer de los otros (interés público). --Lo privado no permea la responsabilidad social de la representación, la normatividad desplegada hacia el beneficio de la esfera pública como instancia de racionalidad, orientada como necesidad. La proyección objetivada de intereses privados, aplicada a los ajenos, ciudadanos libres (koyné), sin consideración de sus intereses específicos, particulares y aún generales, constituye entonces una transgresión a la política, y es por ello vivida por la base social ampliada en el plano horizontal como una imposición, determinante nomológica no consensuada.

 Hoyos Medina, Carlos Ángel. Investigador del CESU-UNAM.

https://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles/79-80-html/79-07.htm

 2. Por política pública puede entenderse, el "conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables…no se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política económica. La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de las decisiones de quienes detentan el poder.

La política pública supone tomas de posición que involucra una o varias instituciones estatales.”

 Vargas A. V. Notas sobre el Estado y las políticas públicas, Almuneda Editores, Bogotá,

1999. https://www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp/v4n2/v4n2e2.htm

 3. “La literatura anglosajona presenta la política pública bajo la forma de un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad, o un espacio geográfico determinado. Es decir, se "identifica a la política pública con el programa de acción gubernamental". Sin embargo, se reconoce que este enfoque pragmático no tiene en cuenta la génesis social de las políticas públicas y recomienda el autor la siguiente definición de política pública: "Un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aun entre un sector y la sociedad global".

 Muller, Las Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia, 2002.

https://www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp/v4n2/v4n2e2.htm

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pág. 3

 4. “La política pública se define como el curso de acciones de gobierno que propone adecuar, continuar o generar nuevas realidades, deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando intereses sociales, políticos y económicos y articulando los esfuerzos de los actores y organizaciones que ejercen presión en defensa de dichos intereses. En esta definición se reconoce a la política pública en su función de mediadora de diversos intereses en el Distrito Capital, entendiendo también la política como procesos de negociación y conciliación entre grupos con diversos intereses.

 La política pública se asimila al concepto de policy que está más relacionada con los outputs, es decir, la acción pública. No se puede hablar de política pública si la intencionalidad no se concreta en la realidad.

 Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDER,

Secretaría Distrital de Salud. Política en Salud Pública para el Distrito Capital. Documento

Marco Nieto L, Maldonado L.F., et.al.,Bogotá; abril 29 1998.

https://www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp/v4n2/v4n2e2.htm

El Estado como instrumento de poder.

Estado

La palabra Estado proviene del latín status y fue utilizada por Maquiavelo para designar la comunidad política organizada con pretensiones de estabilidad, con carácter permanente. Pero en el lenguaje corriente tiene también otras aceptaciones y así llamamos Estado, a veces, al conjunto de los gobernantes de una nación y en los Estados descentralizados se suele utilizar este nombre para identificar al poder central por contraposición a los periféricos. Por otro lado, cuando utilizamos la palabra Estado hacia dentro de una comunidad social organizada tiende a veces a confundirse con el concepto de nación, mientras que hacia fuera la palabra se utiliza para designar a los sujetos de las relaciones internacionales (aunque también aquí a veces se usa indebidamente la palabra nación).

Pero, por encima de estas utilizaciones de la palabra, nosotros debemos centrarnos en el concepto jurídico, en la medida de que un rasgo básico del Estado lo constituye el de ser una organización política regida por el Derecho. Sobrepasando a las relaciones de dominación y patrimoniales de la monarquía absoluta ("el Estado soy yo", dijo Luis XIV de Francia), el Estado de nuestros días es una persona jurídica que actúa mediante órganos y éstos establecen un conjunto de relación es jurídicas recíprocas con la base social de la comunidad organizada, es decir con los ciudadanos.

….Este es un concepto jurídico-político, y puede expresarse así: Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente en un territorio delimitado, provistos de soberanía, interna y externa…

- Elementos del Estado

Lo anterior es un razonamiento necesario para comprender lo que es el Estado, pero no es suficiente. La visión del Estado como organización requiere que la completemos con la explicación de determinados rasgos específicos que, al contemplarse conjuntamente, la diferencien de otras organizaciones con personalidad jurídica. Estos rasgos son los llamados elementos del Estado y básicamente consisten en recordar que esa organización no es cualquiera sino una que se atribuye un poder soberano, que está formada por un conjunto de personas asentadas sobre un territorio en el que se ejerce dicho poder soberano, que actúa atribuyéndose el monopolio de la llamada violencia legítima. De esta definición podemos ya extraer cuales son los elementos que la componen: Un territorio, una población, un poder soberano y, finalmente, un ordenamiento jurídico.

https://www.derechoconstitucional.es/2011/11/concepto-juridico-de-estado.html

Los Poderes Públicos

El sistema jurídico distribuye el poder del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares. Pero, además, el sistema comprende una serie de facultades y procedimientos que permiten que estos órganos -específicamente el Legislativo y el Ejecutivo- participen de otro poder sin confundirse con él. El Legislativo tiene la facultad de examinar las acciones del Ejecutivo y puede acusar a los ministros si considera que no actúan en conformidad con lo dispuesto en la ley. El Ejecutivo, por su parte, participa del Poder Legislativo a través del derecho a veto que le permite rechazar las resoluciones del órgano legislador. Del mismo modo, el Legislativo sólo puede sesionar a instancias del Ejecutivo que lo convoca y durante el período que este disponga; pero el Ejecutivo está obligado a convocarlo al menos una vez al año, para que resuelva sobre la recaudación de impuestos y las fuerzas armadas. Por último, si bien el órgano judicial no participa de los otros poderes,¹⁴ una de las Cámaras del Legislativo - Cámara de los Lores- participa del Poder Judicial en tres instancias: cuando la aplicación de una ley implique una rigurosidad mayor que aquella que esta ley se proponía establecer; cuando un particular viole los derechos del pueblo en un asunto público, y cuando el acusado sea un noble.

María Amparo Grau

Profesora de Derecho Administrativo

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Central de Venezuela.

Ex Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Conferencia dictada en las V Jornadas de Derecho Público en la Universidad Monteavila de Caracas en Abril del 2005

No se concibe un Estado de Derecho sin que en sus bases constitucionales se contemple la división del poder unido a la legalidad, como presupuesto de la actuación estatal, y a la responsabilidad del Estado, hoy llevada a su máxima expresión, pues se le reconoce no sólo ante las actuaciones ilícitas –como se exige para los particulares- sino por la actividad legal, cuando ella conlleve una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas

El fundamento de Montesquieu para la división de los Poderes fue la natural tendencia de quien ostenta el poder absoluto, de abusar del mismo, lo que representaba un claro riesgo para la libertad individual e hizo que se requiriese que “por disposición de las cosas –en palabras de Montesquieu– el Poder detenga al Poder”.

De manera que la división del poder es la base cardinal de la interdicción de la arbitrariedad y garantía necesaria de la libertad como valor fundamental del hombre y de las comunidades en que éste se organiza.

Distinción vertical del Poder

La Constitución del 99, a diferencia del texto fundamental del 61, contiene una referencia al principio de separación de los poderes no sólo en su acepción clásica funcional, sino como manifestación de la organización federal del Estado y el reconocimiento a la repartición territorial del Poder Público en tres niveles.

La ya conocida discusión entre el maestro Brewer Carías y el Profesor Tarre Briceño acerca de la correcta interpretación del artículo 118 de la Constitución del 61 que contenía el principio de la división del Poder pero no especificaba cuáles eran las ramas en que se repartía, sosteniendo, el primero que eran las ramas nacional, estadal y municipal, y el segundo, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, se resuelve al imponerse ambas tesis, pues el poder se reparte en efecto tanto vertical como horizontalmente.

Esta nueva redacción precisa entonces que ciertamente corresponde a la proclamación del principio de separación de los poderes el aspecto territorial, habida cuenta de la distribución que en sentido vertical ha de realizarse.  Así el artículo 136 de la Constitución vigente dispone:

 “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional.

4.- División horizontal o funcional del Poder

Este criterio atañe a la noción clásica del principio de la separación de los poderes que se esboza sobre la base de la identificación de las funciones del Estado y que organizativamente puede propugnar tanto organizaciones como poderes se establezcan o por el contrario la concentración en una organización de las funciones mencionadas.

Veamos pues la división del poder desde este punto de vista funcional, en la Constitución del 99 y su incidencia en lo organizativo.

El artículo 136 contempla cinco ramas del Poder: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Ciudadana y Electoral y mantiene la previsión de órganos autónomos, esto es independientes de las 5 ramas del Poder.